Sistema Nacional de Áreas Protegidas

El Servicio gestiona el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), administrando parques, reservas y monumentos naturales del Estado. Su labor abarca la conservación de ecosistemas únicos, la fiscalización de actividades, la protección de fauna nativa y la promoción del turismo sustentable.

Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SINAP)

Este Sistema es uno de los pilares institucionales más relevantes establecidos por la Ley N° 21.600. Su creación responde a la necesidad de consolidar y articular bajo una sola gobernanza el conjunto diverso y disperso de áreas protegidas existentes en el país, permitiendo una gestión integrada, eficaz, coherente y estratégica de estos territorios clave para la conservación de la biodiversidad.

El SNAP se define como el conjunto de áreas protegidas —estatales y privadas— terrestres, acuáticas, marinas, continentales e insulares. Su gestión debe ser eficaz, integral y equitativa, considerando distintas categorías de protección y estrategias de financiamiento, participación y monitoreo.

¿QUÉ ES EL PLAN ESTRATÉGICO DEL SINAP?

Es la hoja de ruta del Sistema al año 2040 y el primer plan estratégico para el conjunto de sus áreas protegidas. Su propósito es establecer metas y prioridades compartidas, definir los resultados que se espera alcanzar y organizar las acciones necesarias para avanzar hacia ellos.

El Plan orienta la conservación del patrimonio natural y, junto con ella, el aporte de las áreas protegidas al empleo, a los ingresos locales y al desarrollo de las regiones.

Su elaboración y su implementación no dependen solo del Servicio: requieren alianzas permanentes con otras instituciones y con los actores del territorio.

El proceso participativo se lanza el 14 de octubre de 2026 y se desarrolla durante 2026 y 2027.

Está previsto que el Plan comience a regir en 2028.

OBJETIVOS DEL SINAP

Conservación efectiva y permanente

de la biodiversidad y del patrimonio natural, paisajístico y cultural asociado, incluyendo elementos clave para la identidad regional y local.

Mantención y recuperación

de servicios ecosistémicos, esenciales para el bienestar humano.

Reconocimiento y fomento

de actividades educativas, científicas, recreacionales y culturales, de manera coherente con los objetivos de conservación.

Participación activa de personas

comunidades locales y pueblos indígenas, especialmente aquellas vinculadas territorial o culturalmente a las áreas.

Monitoreo y generación

de conocimiento sobre cambio climático, con énfasis en medidas de adaptación y mitigación desde las áreas protegidas.

Representatividad ecológica

asegurando la inclusión de todos los tipos de ecosistemas y su diversidad genética.

Integración en instrumentos

de planificación territorial y desarrollo, asegurando coherencia con políticas nacionales, regionales y locales.

Conectividad ecológica

mediante corredores biológicos y zonas de amortiguación.

Valoración y resguardo

de saberes indígenas y locales en relación con la biodiversidad.