En un seminario junto a la Asociación Chilena de Municipalidades, equipos del Servicio abordaron los principales alcances de la Ley N° 21.600, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los instrumentos de conservación, la fiscalización ambiental y las oportunidades de colaboración con los gobiernos locales.
Con el objetivo de acercar la nueva institucionalidad ambiental a los gobiernos locales y fortalecer el trabajo conjunto en los territorios, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas participó en un seminario junto a la Asociación Chilena de Municipalidades, instancia en la que presentó los principales alcances de su mandato, funciones y oportunidades de articulación con municipios de todo el país.
La jornada, denominada “Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: nuevo aliado para la gestión local”, permitió abordar materias clave para la gestión municipal, entre ellas el marco jurídico de la Ley N° 21.600, la protección de la biodiversidad dentro y fuera de áreas protegidas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la fiscalización ambiental, el proceso sancionatorio y el futuro Sistema de Información de la Biodiversidad.
Durante la presentación se destacó que el Servicio inició sus operaciones el 1 de febrero de 2026 y que su creación busca resolver la fragmentación institucional existente en materia de biodiversidad, entregando un marco especializado para conservar ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos. En esa línea, se explicó que la institución estará a cargo de administrar áreas protegidas del Estado, supervisar áreas protegidas privadas, aplicar instrumentos de conservación, fiscalizar actividades y promover la valorización de la biodiversidad ante la ciudadanía.
Uno de los énfasis del encuentro fue el rol estratégico de los municipios. Desde el Servicio se relevó que los gobiernos locales pueden incorporar criterios de biodiversidad en instrumentos como los PLADECO, planes reguladores comunales, ordenanzas ambientales, certificación ambiental municipal, planes de acción comunal de cambio climático y estrategias de turismo local. Además, la Ley N° 21.600 contempla formas concretas de participación municipal, como la consulta en procesos de creación o modificación de áreas protegidas, la participación en planes de manejo y la posibilidad de suscribir convenios de gestión con el Servicio.
La exposición también permitió mostrar la importancia que ya tienen los municipios en la gestión de áreas protegidas. Según los antecedentes presentados, 24 áreas protegidas son administradas por 26 municipios, todas correspondientes a Santuarios de la Naturaleza, con presencia en 10 regiones del país. Asimismo, se destacó que el cruce entre áreas protegidas y destinos turísticos representa una oportunidad relevante para el desarrollo local sustentable: el 78% de las áreas protegidas terrestres forma parte de un destino turístico, lo que abre espacios de colaboración en planificación, infraestructura, educación ambiental y puesta en valor del patrimonio natural.
Desde el Servicio se subrayó que la relación con los municipios será clave para avanzar hacia una conservación con pertinencia territorial. “La protección de la biodiversidad no se juega solo en los grandes instrumentos nacionales; también se construye en la escala local, donde los municipios conocen el territorio, sus comunidades, sus amenazas y sus oportunidades. Por eso, esta conversación con la Asociación Chilena de Municipalidades es fundamental para proyectar una agenda de colaboración concreta”, señalaron desde la institución.
El seminario abordó además el enfoque de fiscalización ambiental del Servicio, orientado no solo a sancionar, sino también a promover una gestión moderna del cumplimiento. En esa línea, se planteó la posibilidad de avanzar en convenios de colaboración, mesas técnicas periódicas, programas de capacitación para funcionarios municipales y mecanismos de derivación de denuncias ambientales, especialmente en áreas protegidas y sus entornos.
Finalmente, se presentó el avance del Sistema de Información de la Biodiversidad, plataforma mandatada por la Ley N° 21.600 para integrar información sobre áreas protegidas, especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos. Esta herramienta, junto al geoportal del Servicio, busca fortalecer el acceso ciudadano a información ambiental y entregar mejores insumos para la toma de decisiones públicas en los territorios.
