El rol de la conservación de la biodiversidad en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial fue abordado por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas durante el IV Congreso Nacional REDCERT, realizado en Puerto Montt. La instancia permitió analizar las herramientas que tienen los gobiernos regionales para compatibilizar el desarrollo territorial con la protección del patrimonio natural.
La importancia de reconocer las áreas protegidas y sus regulaciones en la planificación del territorio fue uno de los temas abordados durante el IV Congreso de la Red de Centros de Estudios Regionales y Territoriales (REDCERT), realizado entre el 28 y el 30 de octubre en la Universidad de Los Lagos, en Puerto Montt.
El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas participó a través de Elisa Palma, encargada jurídica regional, quien presentó la ponencia "Gobernanza territorial y desafíos del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)", donde analizó los alcances de este instrumento y su relación con la conservación de la naturaleza.
Durante su exposición, la profesional explicó que los PROT deben reconocer las áreas bajo protección oficial, respetando las disposiciones establecidas en sus actos de creación y la normativa aplicable, aspectos fundamentales para resguardar sus objetivos de conservación.
Estos instrumentos, cuya elaboración corresponde a los gobiernos regionales, buscan orientar el desarrollo sustentable mediante lineamientos estratégicos para el uso del territorio. Además, establecen condiciones vinculantes para la localización de determinadas actividades productivas, infraestructuras y sistemas de tratamiento de residuos en zonas no reguladas por la planificación urbanística.
El análisis adquiere especial relevancia tras la publicación, en marzo de 2026, del reglamento que regula la elaboración y actualización de estos planes, fortaleciendo su papel en la coordinación de las decisiones territoriales.
La participación del Servicio permitió relevar la necesidad de articular la planificación regional con los instrumentos de conservación existentes, de manera que las decisiones sobre el desarrollo de los territorios consideren las áreas protegidas, sus planes de manejo y los objetivos ambientales establecidos para su resguardo.
